José Granados Fernández

Inconsistencias en la información financiera, al punto de que una cosa reporta el departamento de Contabilidad y otra las diferentes dependencias; embargos millonarios; caía en los recaudos y la prestación de servicios; costosa tercerización de 431 empleados; facturaciones que datan de 2005 y no han sido cobradas por 9.061 millones de pesos a fecha de hoy, es parte del complicado escenario que la Superintendencia de Salud encontró en el Hospital Cari en la visita que realizó hace 3 semanas.

En exclusiva, Atlántico en Noticias y Zona Cero.com, conocieron el resultado de la inspección llevada a cabo por cuatro funcionarios enviados por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales. El documento concluye que a mayo de 2017, al margen de deudas de todo tipo -el hospital no paga ni las libranzas que les descuenta a los trabajadores- el Cari registraba pérdidas acumuladas por 7.747 millones de pesos, es decir un promedio de 1.549 millones mensuales, “evidenciando que el costo de su operación es superior a los ingresos generados” lo cual conlleva “a un desequilibrio e insostenibilidad financiera”.

El hospital presenta un “alto grado de endeudamiento” y sus pasivos, de acuerdo con lo reportado a mayo, sumaban 104.044 millones de pesos, pero, dentro de las inconsistencias detectadas, los funcionarios de la Supersalud creen que las deudas pueden ser mayores.

Deudas de difícil cobro

Respecto a las deudas por cobrar, el hospital reportó que en mayo estas ascendían a 93.378 millones. Empero, los funcionarios de la Supersalud llaman la atención sobre que el 71%, es decir 65.994 millones, son deudas superiores a 360 días de “difícil recaudo y sobre las mismas se genera una baja probabilidad de recaudo”.

Los delegados de la Superintendencia dejaron constancia, en varios apartes del informe, sobre las “diferencias” que detectaron en la información contable que recibieron. Se referían a que inexplicablemente les dieron diferentes montos sobre las deudas existentes en cuento a salarios, aportes a la seguridad social, parafiscales y descuentos de nóminas por afiliaciones sindicales, embargos y libranzas, entre otros ítems.

Por ejemplo, dentro de ese desorden contable por la información no consolida, el hospital informó que a los contratistas que manejan la tercerización les debe 7.634 millones, pero esas deudas pueden ser mayor porque, según lo hallado por la Supersalud, las empresas Asesorías y Auditorias Integrales en Salud, ASAUINSA; Salud Grupal I.P.S. Limitada; Atlanta Outsourcing en Salud; Cooperativa de Trabajo Asociado Operadores de Procesos Externalizados, Opexsalud; G. & V. Asesores SAS. y Asesores & Auditores de Colombia SAS “no realizan una radicación oportuna de las cuentas, lo cual no permite conocer la deuda real a la fecha por este concepto. Por consiguiente, el valor reportado (por el Cari) puede presentar un incremento significativo teniendo en cuenta que de la mayoría de las cuentas de la vigencia 2017 se desconoce el valor”.

Datos no confiables

Tampoco les generó confianza a los delegados de la Supersalud la información contable que tiene que ver con las cuentas por pagar, con corte a mayo, respecto a honorarios, por 17.937 millones, y en servicios, por 32.297 millones, “El dato reportado en la matriz y certificado no es confiable respecto de la contabilidad de la institución”, señala el documento en poder de Atlántico en Noticias y Zona Cero.com.

Otra duda surgida tiene que ver con la información sobre el programa de mantenimiento preventivo a que está obligado el Cari. Mientras el hospital dijo que a la infraestructura (es decir, las instalaciones físicas, sistema de redes, áreas adyacentes) y a los equipos biomédicos, plantas eléctricas, refrigeración y aires acondicionados en mayo y junio les hicieron mantenimiento en un 88,3 y un 89,9%, los funcionarios capitalinos dieron poca credibilidad a ello al señalar en su informe: “No obstante la información verificada en el Programa de Mantenimiento Hospitalario (…), se evidencia que la misma no es coherente con el estado que presenta la infraestructura principalmente la sede de salud mental y algunos equipos como los ascensores”.

Embargos millonarios

En cuanto a las acciones judiciales contra el Cari, la Superintendencia halló que existen 75 procesos por 51.656 millones de pesos; a su vez, el hospital ha presentado demandas por 14.101 millones. En esta parte de la evaluación, los delegados encontraron que el hospital afronta embargos por 25.082 millones de proveedores como la Unión Temporal Cari Novavisión/Carriazo; Radiólogos Unión Temporal; Estrada y Navarro; Osteamedical; Laboratorio Clínico Falab; Cardiomedics; la Central Médica de Diagnóstico y el Damab.

Igualmente, los evaluadores llamaron la atención sobre las “falencias” observadas en la gestión documental de la Oficina Jurídica. Allí encontraron carpetas, AZ y documentos sin archivar, lo cual “representa cierta dificultad” en caso de llegarse a requerir información inmediata por parte de cualquier interesado, en especial algún ente de control.

Menos atención

Este difícil panorama financiero ha impactado notoriamente la prestación de los servicios hospitalarios. Cuando fue realizada la visita, entre el 12 y el 14 de julio pasado, la ocupación “no alcanzaba el 40%” de su capacidad instalada; asimismo, los delegados encontraron que en las consultas externas especializadas existe una “tendencia a la baja significativa” de 1.079 consultas menos entre 2016 y 2017.

En el área de cirugía el comportamiento también es a la baja. Las gráficas muestran que en 2006, cuando el Cari surgió de las cenizas del saqueado Hospital Universitario, objeto de toda clase de malos manejos por parte de quienes lo administraron por años, comenzó con 24 cirugías y llegó en 2012 a un máximo de 490, pero en 2016, ante la crisis que comenzó a acelerarse, apenas practicaron 202 procedimientos quirúrgicos.

A Ley 500

Mientras en el llamado Hospital Cari de Alta Complejidad la crisis es notable por la falta de pacientes, debido a que las EPS del régimen subsidiado prefieren atender a sus afiliados en clínicas particulares, en la sede de Neurociencia del Cari, donde atienden a los pacientes con enfermedades psiquiátricas, la ocupación es del 92%.

Luego de este informe entregado por el Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, en reunión celebrada la semana pasada en Bogotá, la administración departamental le anunció que el Cari se someterá a la Ley 550 para buscar una tabla de salvación financiera que le permita pagar lo que debe y mejorar sus servicios, porque hoy es una institución no competitiva y al borde del cierre.